Estamos en un momento propicio para el mercado de créditos de carbono a nivel mundial. En nuestro país, se ha avanzado en el establecimiento de condiciones normativas para acompañar el desarrollo de una economía verde. Contamos con la Ley N° 7190/2023 y el Decreto N° 3369/25 que la reglamenta. Esto nos brinda un marco legal moderno, un Registro Nacional, y una Dirección Especializada en Crédito de Carbono dentro del MADES. Todo ello posiciona a Paraguay como un actor emergente en la economía verde global.
Pero la normativa, por sí sola, no activa un mercado. Ahora comienza la parte más desafiante: la ejecución.
Paraguay tiene condiciones excepcionales para generar créditos de carbono: no solo a partir de sus bosques, sino también mediante la eficiencia energética, el tratamiento de residuos, la generación de energía limpia, las prácticas agrícolas sostenibles, entre otros sectores. El potencial es real, al igual que el impacto que esto puede tener en la sostenibilidad y la economía.
Porque esto no se trata solo de sostenibilidad —que es sumamente importante—, también se trata del ingreso de divisas, el acceso a financiamiento internacional y el fortalecimiento del sector productivo. Los mercados de carbono pueden generar cientos de millones de dólares al año en exportaciones. A esto se suma que la participación en la economía verde convierte al país y a sus empresas en sujetos elegibles para líneas de crédito verdes, más blandas y estratégicas, tanto multilaterales como privadas.
¿Por dónde empezamos?
La respuesta inicial para que esto se vuelva una realidad es clara: falta una pieza clave. La línea base nacional de carbono.
La línea base es el punto de partida para medir, gestionar y reducir emisiones. Es lo que permite:
- Entender dónde están nuestras mayores fuentes de emisiones y de sumideros (retención de carbono).
- Evaluar el impacto de políticas y proyectos.
- Fijar metas ambiciosas pero alcanzables.
- Participar con credibilidad en los mercados internacionales de carbono.
- Cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.
Sin línea base, no hay referencia. Y sin referencia, no hay mercado. Sin mercado, el incentivo por la sostenibilidad disminuye.
Establecerla exige datos, metodologías, análisis técnico y reportes confiables. Pero, sobre todo, requiere coordinación. Este no es un trabajo que pueda hacer un solo actor. El sector público, el sector privado y las organizaciones civiles deben trabajar de forma conjunta, con plazos definidos, para alcanzar el objetivo de contar con una línea base nacional. En nuestra opinión, este proceso debe ser liderado por el MADES, pero requiere del compromiso real y concreto de todos los actores involucrados.
Por lo tanto, desde todos los frentes —legal, técnico, productivo y financiero— debemos impulsar que esto no quede solo en el papel, sino que pueda avanzar con pasos firmes.
La construcción de esta nueva economía verde exige un esfuerzo conjunto y urgente entre el sector público, el privado, la academia y la sociedad civil.
La normativa ya está. El momento también. Ahora, hay que hacerlo realidad.
Por Enrique Rivarola
Abogado | Socio de OWR